La fiscal del Gobierno que intenta imputar a Luis de la Fuente no vio terrorismo en Otegi ni en los CDR

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez, que intenta que se impute al seleccionador Luis de la Fuente por «falso testimonio» en el marco del juicio por el beso a Jenni Hermoso, pidió que se aplicase la amnistía a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. También decidió el archivo de las diligencias en las que se investigaba a Arnaldo Otegi por colaborar con ETA en el asesinato del directivo de Michelin en Vitoria Luis María Hergueta.

El interrogatorio como testigo al seleccionador Luis de la Fuente ha dejado varios choques entre la fiscal y el juez. El magistrado, incluso, ha llegado a abroncar a Durántez y a la defensa de Hermoso en su insistente intento de tratar de probar contradicciones entre los testigos que están declarando durante las vistas. «¡Estáis desviando el juicio hacia De la Fuente!», ha recriminado el juez. El Ministerio Público valora pedir deducción de falso testimonio.

La fiscal insiste en situar a De la Fuente en la reunión celebrada el 23 de agosto de 2023 en el despacho de Luis Rubiales para gestionar la polémica, pero el seleccionador explicó en su comparecencia que ese día acudió a la Federación a hablar con Rubiales simplemente de una convocatoria próxima: «Hablamos sobre temas de fútbol, viajes…», aseguró el seleccionador. La insistencia en preguntar por esta reunión también provocó que el juez parara los pies a la fiscal. «Queréllese usted, señora fiscal, contra el testigo, pero continuemos el juicio»,  le dijo el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Clemente.

Amnistía para los CDR

La fiscal es la misma que solicitó la aplicación de la amnistía a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña, imputados por terrorismo, y, en consecuencia, la suspensión del juicio y el archivo del procedimiento.

Durántez asumió la causa después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional fulminase al fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, que discrepaba de la aplicación de la amnistía y sostenía que no procedía el borrado de los delitos de terrorismo en su intento de asaltar el Parlament tras la sentencia del 1-O. Antes de cambiar de criterio, la propia Fiscalía había pedido penas de hasta 27 años de prisión para los acusados por  delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y de tentativa de estragos de carácter terrorista.

Durántez, en cambio, defendió que ninguno de estos hechos podría ser considerado como una «grave violación» intencionada de los derechos humanos y, por tanto, debían ser amnistiados. La fiscal sostuvo que los CDR no causaron «actos dolosos» contra las personas y que los «delitos de estragos» tuvieron lugar en grado de «tentativa». «Los acusados no llegan a materializar ni a iniciar la ejecución de ninguna de las conductas descritas en el Código Penal. En consecuencia, y suponiendo que la voluntad de los acusados hubiese sido causar daños materiales o poner en peligro la vida o la integridad de las personas, es una realidad que no llegó a producirse», expuso Durántez, que llegó a defender incluso que los imputados fabricasen explosivos: «No podemos partir de suposiciones o del potencial daño que se podía haber causado, sino de certezas, y esto es que ninguna lesión a los derechos invocados se produjo».

Otegi

El nombre de la fiscal figura también en el archivo de la investigación a Arnaldo Otegi, socio de Pedro Sánchez, por el asesinato en Vitoria, en 1980, del empresario Luis María Hergueta. Se trata de uno de los atentados sin resolver de ETA.

La Guardia Civil apuntó a nuevos indicios que implicarían a Otegi por presunta colaboración en este asesinato al proporcionar información clave a la banda terrorista. La Fiscalía, en cambio, decidió el archivo de las diligencias argumentando la ausencia de indicios sobre los «autores materiales» del asesinato y la prescripción del delito.

En enero del año pasado, Durántez también archivó las diligencias de investigación que abrió la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia contra el líder de Bildu por su presunta participación en nueve secuestros y en el asesinato de un miembro de UCD, entre 1978 y 1983.

Una vez «analizados los hechos de la denuncia y tras ser revisados los procedimientos correspondientes, se concluye que los mismos están prescritos o existe cosa juzgada», sostenía el decreto de archivo de estas diligencias, cuya investigación correspondió a Durántez y a su compañero Miguel Ángel Carballo.